| Ignacio Gómez-Palacio

El sorprendente encuentro de los Juicios Orales

Los juicios orales se han topado con diversas dificultades. Ahora resulta que triunfan en donde y con quienes no se esperaba, al menos yo, nunca lo imaginé, aunque debería de haberlo anticipado.

A quienes estuvimos involucrados en su promoción y establecimiento, la crítica a la reforma constitucional y su operación, nos duele. Fueron muchos años de sueños, investigaciones, tiempo y recursos personales. Por supuesto tenemos el deseo de verlos cumplir su propósito. Hoy me niego a ser tratado de igual forma por quienes al inicio de nuestra lucha, nos consideraron parte del elenco de Alicia en el País de las Maravillas y nos escupían en cara lo que identificaban como “la triste realidad”, es decir, la imposibilidad del cambio del sistema de impartición de justicia en nuestro país.

No hay duda de que a casi tres años de la entrada en vigor de los juicios orales en toda la República Mexicana, se han presentado serias dificultades, que además han sido ampliamente publicitadas. Un claro ejemplo fue el resultado de la lucha quijotesca de Ernesto Canales, en su calidad de Fiscal Anticorrupción de Nuevo León. Se encontró con los múltiples amparos del ex gobernador Rodrigo Medina, producto de la “habilidad” de sus abogados, que impidieron que progresara la justicia que los regiomontanos demandaron, por mayoría, al elegir al Bronco, gobernador actual, precisamente con esa encomienda.

El Amparo, así con mayúscula, nació para proteger con la intervención del Poder Judicial Federal a los débiles, a los que sufrían la bota en el cuello colocada por el gobernador, alcalde, cacique o tirano en turno durante el siglo XIX y buena parte de XX; sin embargo, con el tiempo, el uso desmesurado y el abuso por parte de litigantes y jueces vendidos se ha desnaturalizado, para convertirse en escudo protector  de corruptos, delincuentes y todo género de criminales. ¿Cómo es posible, se pregunta cualquier ciudadano, que quien está perseguido por la justicia, que enfrenta una orden de aprehensión judicial en su contra, traiga en el bolsillo un amparo (con minúscula) y la policía no pueda detenerlo?

Cabe señalar que en la infinita confusión de nuestro presidente (también con minúscula), no parece darse cuenta que cuando la Fiscalía General de la República finalmente empiece a  ejercer acción penal contra los corruptos que deben estar en la cárcel, éstos se habrán amparado, igual que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, que está prófugo pero amparado. ¿Qué tal? Es posible que a nuestro presidente le gusta hacerle como esos gatos sin hambre que juegan con el ratón aterrorizado sin comérselo. No importa, considera el felino, está bajo mi control y dominio.  Por eso a veces le doy sus mordiditas o le hago sentir mis uñas. Para que sienta mis posibilidades y benevolencia.

Rodrigo Medina, Emilio Lozoya y personajes de su talante tienen una cosa en común: dinero y por tanto abogados que los defiendan y obtengan amparos cada vez que algo que pueda afectar a sus clientes, se ponga en marcha o amenace hacerlo.

¿Qué sucede con la gente humilde? ¿La que no puede pagarse un abogado que le saque en un suspiro el amparo y así evitar cualquier acto que provenga de autoridad?

He aquí donde el juicio oral surge sin obstáculos, razón por la que se están multiplicando de manera sorprendente entre la gente de pocos recursos.

Radico en Valle de Bravo, municipio sui generis, ya que además de grandes y publicitadas mansiones de campo de gente pudiente-plus, muchos de sus habitantes son gente de recursos limitados, a la par de que existen comunidades mazahuas y otomíes.

Ante un conflicto de tipo penal (homicidio, violación, etc.), ¿qué le sucedía antes del establecimiento de los juicios orales, a los mazahuas o a quienes pertenecen a la servidumbre de casa y mansiones o simplemente son gente sin ahorros que vive al día? Quienes no se acercaban a solicitar justicia con los ministerios públicos y jueces, los que además de ser corruptos, alimentaban un expediente de “justicia” escrita y secreta, que si alguno de ellos sabía leer, no entendía “ni jota”.

¿Qué les sucede actualmente? Que entienden la justicia oral. Saben que un juicio es cuando una parte alega su postura frente a la otra, ambas presentan pruebas de su dicho y un juez emite una sentencia. Eso no sucedía antes de la oralidad y transparencia. Hoy, durante el juicio, los parientes, amigos y vecinos, escuchan a las partes, y en calidad de testigos participan de voz en cuello. Observan a un juez togado que explica y habla directamente con los acusados y las víctimas desde lo alto de su estrado y al apreciar la justicia así, como debe ser, seria y solemne, la sienten, la respetan y la cumplen.

Concluimos pues, que en tanto no se reforme la Ley de Amparo, la justicia es de difícil obtención para los pudientes, en tanto los pobres están gozando de ella. Increíble paradoja que me ha dejado sorprendido. Se trata de un encuentro inesperado para quienes promovimos estos juicios. Se requiere de un estudio que informe lo que está sucediendo en el resto del país. Se antoja un reto apetitoso para los investigadores y estudiosos de la materia. Por lo pronto, esta es la experiencia en Valle de Bravo, donde el trabajo de los juzgados casi se ha duplicado durante los últimos cinco años, ya que en este estado, los juicios orales se introdujeron con anterioridad al resto del país.

El tema del amparo lo abordaré en otro editorial. Prometo intentar escribir sin la cachucha de abogado para poder comunicarme con lenguaje sencillo. Esto es un tema fundamental para poder vivir en un estado de derecho. Imaginar que el reciente juicio del Chapo Guzmán en los EUA ¡hubiera sido interrumpido por sus abogados que llegaran en medio de un interrogatorio con un amparo! Eso no sucede allá ni en el resto de los países sujetos al imperio de la ley.

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