| Ignacio Gómez-Palacio

La futura desilusión de AMLO: el Amparo vs. el Juicio Oral

Hace apenas dos años, en noviembre de 2016, Ernesto Canales Santos (prestigiado abogado financiero y corporativo en Monterrey), fue designado el primer Fiscal Anticorrupción del país. Ernesto decidió aceptar. Él es uno de los iniciadores de los juicios orales en México. Le atrajo el hecho de participar como abogado de la fiscalía en juicios orales de carne y hueso y no sólo a nivel promoción e implementación de la exitosa reforma constitucional, que ha obligado a su establecimiento en todo el país. El Gobernador (El Bronco) lo designó para cumplir su promesa de campaña de meter a los corruptos a la cárcel, incluido el ex Gobernador Medina. ¡Oh desilusión la que los dos se han llevado!

¿Por qué la desilusión? Hoy es tema de análisis obligado, si nuestro recién estrenado Presidente AMLO desea cumplir sus promesas. Si en realidad desea un “porvenir” de funcionarios honestos, ya que es obvio que algunos funcionarios se van a corromper. ¡Oh, señora tentación! ¿Qué tal si los llevan frente a juez y nada les sucede? ¿Por qué? Porque sus “hábiles” abogados les evitarán toda molestia en sus bienes, propiedades, posesiones, derechos y sentimientos, con la obtención de amparo tras amparo, de esos que el ciudadano de a pie conoce que los criminales se meten a la bolsa antes de cometer un crimen. ¿Ya te amparaste compadre? ¡Claro, ni que fuera tonto!

La razón de ser del amparo, que nace a mediados del Siglo XIX, es comprensible y justa. Se denomina ”amparo”, pues es un procedimiento que se sigue ante el Poder Judicial Federal, por la persona agraviada por actos anticonstitucionales de las autoridades locales. El afectado le pide al centro (a la autoridad federal), “ampárame” contra cualquiera de los poderes locales (ejecutivo, legislativo o judicial) que violen mis garantías individuales. ¿Qué más legítimo que proteger, que amparar al ciudadano de las agresiones de gobernadores, autoridades municipales y caciques locales? En la gran mayoría de los Estados, en especial en las primeras décadas de la independencia, el ciudadano que se enemistaba con el cacique controlador de las autoridades locales no tenía a dónde volver la vista. Estaba “desamparado”. En consecuencia el amparo es un procedimiento que sigue un gobierno centralista quien decide el conflicto en última instancia y corrige los actos inconstitucionales de la autoridad local.

La federación mexicana, establecida en 1824 fue de papel. No es el caso de 13 colonias celosas de su independencia y soberanía que la establecieron en los EUA, donde mucho les preocupó y les siguen preocupando ceder poderes y derechos a las autoridades federales. Aquí se trazaron líneas en el mapa y a cada Estado que se dijo “soberano” se le dio la bendición de un gobierno de raíces centralistas, como era el caso de las autoridades de La Nueva España. Estas son parte de las razones por las que el amparo en México ha sido ensalzado, pero que también a dado pauta para abusar de él con consecuencias perversas.

Hoy un amparo, que se emite seguido de un procedimiento obscuro ante un juez, quien decide en el secreto de su oficina, detiene cualquier audiencia del juicio penal oral, que se trata de un procedimiento público, transparente, de cara al pueblo, las víctimas y los jueces. Lo mismo detiene una orden de aprehensión. ¿Es lo que queremos? ¿Qué los jueces federales sean omnipotentes? ¿Qué lo mismo detengan un juicio oral, que le den un amparo a un delincuente antes de cometer sus fechorías y que al ser atrapado llegue protegido por el papel que se pone en la bolsa? La Ley de Amparo requiere adaptarse a nuestra época y necesidades.

Estimable AMLO: Hoy en México, meter a los corruptos a la cárcel no es fácil. El abuso del amparo lo impide. Como bien sabes, los corruptos tienen mucho dinero para pagar “hábiles” abogados que saben cómo, dónde y con quien tramitar y obtener uno o muchos amparos.

La reforma a la Ley de Amparo es indispensable. Más vale que te des prisa o de lo contrario te vas a desilusionar, ya que además se aplicará la máxima constitucional en el sentido de que la ley no puede tener efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna. El delito cometido en junio de 2019 no puede juzgarse por leyes que entren en vigor meses o años después.

Ernesto Canales publicó el pasado septiembre un libro que narra su experiencia: “¿Cómo Nos Arreglamos?” (Ed. Grijalbo). Mucho puede aprenderse de la historia que nos narra. Es altamente recomendable. Información adicional: salvo contadas excepciones, los abogados litigantes no apoyaron la adopción de los juicios orales. Tampoco apoyarán la modificación a la Ley de Amparo que habrá de restarles defensas para e ingresos de sus clientes. Existen excelentes juristas que pueden ayudar y que no son litigantes.


El próximo miércoles mi comentario se titulará: El Enanismo de EUA y el Gigantismo de China.

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