| Ignacio Gómez-Palacio

“No voy a reprimir al pueblo”: AMLO

Estamos frente a la aseveración de quien encabeza un régimen unipersonal. De quien decide sin tomar en cuenta la división de poderes, de quien su estudio de la historia le ha servido, como recientemente escribió Enrique Krause, para hacer un uso político de los grandes héroes nacionales, con quienes busca equipararse, aunque en la práctica se asemeja más al autoritarismo de Porfirio Díaz que a Juárez, Madero y Cárdenas, a quienes dice admirar.

AMLO escucha al infalible Pepe Grillo que lleva dentro: “Tratándose de lo que tú, Andrés Manuel consideras pueblo, no importa la impunidad. Al pueblo no se le puede aplicar la ley. El pueblo es pueblo y siempre tiene la razón. El pueblo nos ilumina en la obscuridad. Sigue por este camino Andrés Manuel y verás que logras la cuarta transformación. Bravo. Bravo mi héroe”.

La aseveración de AMLO no tiene cabida en un Estado de Derecho. Se trata de benevolencia tlatoanesca, de quien alimenta día a día el culto a su persona.  “Gracias, Andrés Manuel”, responderán los maestros de la CNTE que han bloqueado durante semanas las vías del ferrocarril en Michoacán, interrumpiendo la entrega de partes, componentes y materias primas esenciales para muchísimas empresas.

¿Qué nos ha llevado a quienes anhelamos el Imperio de la Justicia y el Estado de Derecho en nuestro país, a toparnos con tamaña piedra en el camino? La causa histórica son los partidos políticos inseguros y corruptos, temerosos de cualquier puñado de ciudadanos decididos, los que durante décadas han tolerado impunidades aberrantes como el constante bloqueo de la carretera México-Acapulco o los plantones de maestros en Oaxaca. A lo anterior hay que sumar un Presidente en funciones que ha hecho su carrera política a base de bloquear pozos, carreteras, casetas, calles y hasta El Paseo de la Reforma  y que ahora, como es natural, simpatiza con otros de sus mismas destrezas.

El bloqueo de las vías generales de comunicación se ha convertido en el pitorreo nacional; en el arma de quienes presionan fuera de los cursos legales la solución de demandas no atendidas, sin importar si son o no legítimas, con la increíble consecuencia de que quienes tal conducta ilícita realizan, no se les sanciona. Si suben las colegiaturas de la escuela de mis hijos, si se hizo trampa en la designación del Presidente de nuestra asociación de colonos, si hay moscas o agujeros en las calles sin reparar, “vamos a cerrar la carretera… el periférico…. la entrada al aeropuerto”, etc. Y por supuesto, si estamos organizados en un sindicato, en una asociación, en una organización política, tanto mejor. Nos paramos frente a los carros, ponemos piedras y traemos sillas y el celular para jugar y pasar el rato (“trae el dominó, Chato”), mientras cientos de inocentes que ni la deben ni la temen se ven interrumpidos en sus planes, compromisos y emergencias. Esta es la cultura de la fuerza, del montón, del tropel y de la maza, muy alejada del respeto a la ley y las sanciones que debieran recibir quienes olímpicamente la ignoran. Es un paso antes de La Ley de la Selva, que ya nos está acechando.

¿Qué debería suceder si tuviéramos un Estado de Derecho, ese que AMLO tantas veces dice que es columna de su cuarta transformación? ¿Dónde el Presidente respetara la ley? ¿Dónde se respetara la Constitución y las leyes que de ella emanan? El Estado de Derecho funciona así: el Poder Legislativo, en su carácter de cuerpo colegiado que se integra por representante del pueblo, emite leyes que trazan el camino del Poder Ejecutivo, que como su nombre lo indica, su función es ejecutar las leyes. Son leyes que proceden del pueblo. Salvo disposición expresa, el Poder Ejecutivo no tiene la facultad discrecional de aplicarlas a su antojo. “Dura lex sed lex” decían los romanos, “Dura es la ley pero es la ley”, en este caso La Ley de Vías Generales de Comunicación que señala que obstaculizar dichas vías es un delito penado con multa y cárcel. Si el Ejecutivo no cumple con denunciar el delito, impide la presencia de la fuerza pública y ordena al Fiscal General a no intervenir, está encubriendo a los delincuentes y con ello comete en lo personal un delito. Nuestra Constitución Política lo protege al señalar que “durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado “por traición a la patria y delitos graves del orden común”. Encubrir la obstaculización de las vías generales de comunicación no es un delito grave, por lo que el Presidente de la República en funciones no puede ser acusado.

Sin entrar en detalles leguleyos cabe mencionar que el Fiscal General de la República, en caso de no intervenir contra quien obstaculiza las referidas vías, puede quedar sujeto a juicio político y ser sancionado con la destitución. La denuncia puede ser presentada por cualquier ciudadano, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La obstaculización por los maestros de la CNTE se presenta simultáneamente al nombramiento del primer Fiscal General de la República, que las organizaciones de la sociedad civil han insistido que debe ser autónomo. Estamos frente a la primera prueba de la autonomía de la Fiscalía General de la República que la ley califica como “órgano público autónomo”; sin embargo, dado que la ley otorga al Presidente de la República la facultad de remoción del Fiscal, difícilmente se presentará una controversia entre el Fiscal y el Presidente.

Cabe agregar que en un Estado de Derecho los conflictos se deciden por el Poder Judicial, organismo autónomo y toral, parte de la necesaria separación de poderes.

¿Estamos o no en un Estado de Derecho y si no lo estamos, aspiramos a tenerlo o es pura palabrería amlista? ¿Vamos a quedarnos con que la ley sólo se aplica a quienes no son pueblo. ¿Quiénes integran el pueblo? ¿Los microempresarios son pueblo? ¿Los maestros de obras y los albañiles son pueblo? ¿Los investigadores universitarios son pueblo?

El lunes pasado, Sergio Sarmiento, diestro editorialista, preguntó en su artículo: “¿Por qué habría la CNTE de dejar de bloquear vías de ferrocarril si ya demostró que la extorsión es la mejor forma de obtener dinero y privilegios del gobierno?”

“No voy a reprimir al pueblo” son las palabras que señala Krause —con la agudeza y tino que lo caracterizan—, nacen de quien no desea compartir el poder con nadie, anhela restablecer el ritual del “besamanos” y teje una red de incondicionales en todas las regiones del país, a quienes deja que insinúen su reelección.

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